Entre 2020 y 2024, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) se dejaron caducar más de 18 millones de piezas de medicamentos, incluyendo fármacos oncológicos, con un valor que supera los 121 millones de pesos. Estos estaban almacenados en un bodega de una empresa privada en el Estado de México, según documentos que La Jornada tiene en su poder.
El entonces director del hospital, Adrián Chávez López, fue quien descubrió esta irregularidad y pidió un inventario de los medicamentos que guardaba Distribuidora Disur SA de CV. Tras confirmar la caducidad, solicitó la baja y destrucción de los insumos vencidos.
Chávez López también denunció ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud que en la entrega-recepción de la dirección del HIMFG en enero de 2024, el tema no fue reportado por el director saliente Jaime Nieto Zermeño.
Durante esos años, padres de niños con cáncer que atiende el hospital protestaron por el desabasto de medicamentos, con manifestaciones y bloqueos, incluso en el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Además, Chávez López detectó pagos indebidos por horas extras y por alto riesgo a comisionados sindicales, así como contrataciones sin justificación que afectaron las finanzas del hospital. Gracias a las medidas que implementó, en 2025 se redujo el gasto en más de 185 millones de pesos. Sin embargo, la sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud pidió que esos pagos continuaran para “mantener la paz social”, petición que fue rechazada por el director.
Para asegurar que el trabajo iniciado por Chávez López siga adelante, cerca de 200 trabajadores firmaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, entregada la semana pasada en Palacio Nacional, pidiendo que el nuevo director sea un profesional honesto.
Sobre los medicamentos caducados, el inventario incluye más de 600 tipos, desde analgésicos hasta fármacos de alta especialidad. Entre ellos, 14 piezas de Busulfán para quimioterapia (valor de 1 millón de pesos), 2,622 piezas de metotrexato (751 mil pesos), y 901 frascos de Vincristina (428 mil pesos).
También se destruyeron más de un millón de piezas de Tracolimus, usado para evitar el rechazo en trasplantes, con un costo de 4.4 millones de pesos. Otros medicamentos vencidos fueron 498 frascos de Factor VIII para hemofilia (3.3 millones), 908 ampolletas de Alprostadil para cardiopatías congénitas (4.7 millones) y 840 piezas de Nitisinona para una enfermedad rara (5.8 millones).
Este caso refleja la importancia de una gestión eficiente en hospitales públicos para que los recursos y medicamentos lleguen a quienes realmente los necesitan.